El delegado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta en Huelva, José Antonio Cortés, ha declarado que el vertido de aguas tóxicas procedente de la Corta de la mina de la Zarza, que tuvo lugar entre mayo del pasado año, no produjo un impacto apreciable, basándose en un informe realizado por técnicos de la Delegación.
Declaraciones que contradicen las del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en el informe remitido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Valverde del Camino, encargado de la investigación, de la que son responsables las empresas Nueva Tharsis SA y Ormonde España SL. Este estudio informa que las analíticas de las muestras tomadas por el Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil y por el Laboratorio de Vigilancia y Control de la Contaminación confirmaron asimismo daños en el arroyo innominado, en el Barranco Mojafre y en el río Rivera de Olivargas, afluente del Odiel, provocando daños a la calidad del agua en la zona, que en el caso del río Odiel afectó en un recorrido de unos 50 kilómetros –hasta la altura de Gibraleón-, pudiendo suponer «un riesgo para la salud de las personas dependiendo de los usos del agua superficiales y subterráneas».
Los expertos avisan que una vez que las partículas de metal llegan a nivel freático, la situación «puede suponer un riesgo para la salud de las personas por consumo de agua de pozos o por contaminación a través del riego de cultivos», una tesis que defiende en base a una serie de efectos que pueden ser provocados por las sustancias encontradas, como cobre, cromo, arsénico o níquel, según declaraciones adelantadas a el Diario de Huelva y publicadas también por ABC.
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